PAGINA 12 18 DE ENERO: EL RECLAMO POR LAS TIERRAS ANCESTRALES

El gobierno de Formosa sin eco para negar a los qom

Investigadores del CONICET y organizaciones sociales y de DDHH pidieron a las autoridades de Formosa que "revise y actualice" las políticas indigenistas que aplica al responder una carta del ministro de Gobierno, Jorge González, en torno al conflicto por las tierras de la comunidad La Primavera. El ministro formoseño defendió el accionar de la policía local durante el desalojo que dejó un saldo de dos muertos y cuestionó la representatividad del cacique qom Félix Díaz, que fue recibido por funcionarios del gobierno nacional y el INADI.


González envió el pasado siete de enero, una misiva a investigadores del CONICET, locales y en el exterior, que habían rechazado el desalojo violento de la ruta 86 por parte de la policía provincial a integrantes de la comunidad La Primavera, que dejó un saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos el 23 de noviembre.

En la nota, el funcionario provincial defendió el accionar policial porque "había una orden judicial" y cuestionó la representatividad del líder de la protesta, Félix Díaz, al puntualizar que encabeza "un pequeño grupo de personas".

Por su parte, los investigadores con décadas de trabajos científicos en Formosa, consideraron en la carta enviada hoy que el título entregado por la provincia a los tobas de La Primavera es resultado de un proceso que "desfavoreció a la comunidad e implicó superposición de mensuras entre el estado provincial y nacional".

"Dado que nuestras investigaciones así lo confirman, nos permitimos expresarle que la `fracción norte´ a la que se refiere en la nota formaba parte del Parque Nacional Río Pilcomayo desde su creación en 1951. Por lo tanto, es evidente que se trataba de una fracción de tierra de jurisdicción nacional de la cual la provincia no podía disponer", indican en uno de sus párrafos.

Por otra parte, los estudiosos puntualizaron que la familia Celía, que ocupa parte de la superficie reclamada por la comunidad y que están acusados por los indígenas de "maltratos y atentados" cotidianos, "sólo posee como documentación una solicitud de arrendamiento" de unas 600 hectáreas.

Aunque remarcan su confianza en una "rigurosa" investigación de la justicia provincial para aclarar las dos muertes piden el cese de agresiones físicas, accidentes fatales y amenaza de desaolojo de otros puntos de la geografía formoseña.

La carta lleva la firma de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Colegio de Graduados en Antropología (CGA), Coordinación Área Social Ley 26.160 (Provincia de Río Negro), Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, el Grupo de Estudios en

Aboriginalidad, Provincias y Nación (GEAPRONA, UBA-UNRN) y el Grupo de Estudios Rurales, Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA).